Área temática
Temática 1: “El Estado de Derecho, institucionalización del sistema democrático y desarrollo en el Perú”
El Estado de Derecho es un principio fundamental que rige a las sociedades democráticas modernas. No solo implica connotaciones jurídicas y políticas, sino también contenidos económicos, sociológicos, históricos, éticos, relacionados directamente con el hombre como ser social. Ello debido a que, el Estado de Derecho implica la sujeción de todos los poderes públicos a un ordenamiento jurídico supremo, cuyas normas se aplican por igual a gobernantes y gobernados. Asimismo, garantiza el respeto y protección de los derechos fundamentales de las personas, limitando el ejercicio arbitrario del poder estatal.
La institucionalización del sistema democrático se basa en el Estado de Derecho, estableciendo normas claras sobre la separación de poderes, el equilibrio de poderes, los procedimientos de toma de decisiones y la rendición de cuentas. Unas instituciones sólidas y legítimas basadas en el Estado de Derecho son esenciales para promover la estabilidad política, económica y social necesaria para el desarrollo.
En el Perú, a pesar de los avances logrados, aún existen importantes desafíos para establecer un verdadero Estado de Derecho que nos permita cosechar todos sus beneficios en términos de desarrollo humano, crecimiento económico sostenible, reducción de la corrupción e impulso a la inversión. Uno de los desafíos de mayor urgencia, en el Perú, es el acceso a la justicia, según la Defensoría del Pueblo. Respecto a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[1]ha reconocido al acceso a la justicia como una garantía para el ejercicio pleno de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; para lo cual, la misma Comisión identifica un deber estatal, de organizar todo el aparato gubernamental y, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, para así lograr remover todos los obstáculos estructurales. Por tal razón, es imperativa la continuación del fortalecimiento de la independencia de las autoridades, la previsibilidad jurídica y el acceso igualitario a la justicia.
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos,Abramovich, V., & Kletzel, G. (2007). El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos (OEA/Ser.L/V/II.129). Organización de los Estados Americanos. https://www.cidh.oas.org/countryrep/accesodesc07sp/Accesodesci-ii.sp.htm
Temática 2: “Impacto del Sistema de Justicia en violencia de género”
La violencia contra las mujeres es uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad peruana, generando consecuencias devastadoras para las víctimas, sus familias y la comunidad en general. En este contexto, el acceso a la justicia se convierte en una necesidad urgente para las personas en situación de vulnerabilidad, particularmente las mujeres. Garantizar un acceso efectivo a la justicia no solo permite denunciar, juzgar y sancionar estos actos de violencia, sino que también contribuye a disuadir futuras agresiones y a promover una cultura de respeto hacia los derechos de las mujeres.
En el Perú, el sistema de justicia enfrenta importantes retos para ofrecer respuestas adecuadas a las mujeres víctimas de violencia. La falta de recursos, la burocracia y la centralización de los servicios judiciales dificultan que muchas víctimas puedan acceder de manera equitativa a la justicia, especialmente en zonas rurales. Es fundamental que el sistema de justicia evolucione para garantizar una atención eficiente y sensible a las necesidades de las mujeres, permitiendo una intervención rápida y efectiva que no solo repare el daño sufrido, sino que también contribuya a la prevención de futuros actos de violencia.
El fortalecimiento del sistema de justicia es clave para asegurar el respeto de los derechos humanos y combatir la violencia de género. Un sistema judicial sólido, imparcial y accesible debe ser la base para un Estado de Derecho que proteja a las mujeres y garantice su seguridad. Solo así se podrá construir una sociedad en la que las mujeres puedan vivir libres de violencia y con igualdad de oportunidades.
Temática 3: “Horizontes de cambios: ¿cómo avanzar en el fortalecimiento institucional del Estado de Derecho?”
El fortalecimiento del Estado de Derecho es un pilar fundamental para consolidar la democracia y garantizar el desarrollo sostenible de una sociedad. En un contexto donde las instituciones se ven desafiadas por la corrupción, la desigualdad y la falta de transparencia, resulta crucial promover reformas que aseguren la independencia y eficacia del sistema de justicia, el respeto a los derechos humanos, y la rendición de cuentas. La institucionalización de estos principios no solo promueve la estabilidad política, sino que también fomenta la confianza ciudadana en los poderes públicos, lo cual es indispensable para el crecimiento económico y la cohesión social.
En América Latina, y particularmente en elPerú, la consolidación de un Estado de Derecho robusto enfrenta varios desafíos, entre ellos la debilidad institucional y la polarización política. A través de la revisión de casos internacionales y nacionales, se busca analizar qué mecanismos pueden ser implementados para fortalecer el sistema democrático y promover una gobernanza más eficiente. El acceso a una justicia imparcial y la protección de los derechos son elementos clave para superar estas barreras y construir un marco legal que incentive la participación ciudadana y asegur el cumplimiento de la ley de manera equitativa.
Este análisis invita a reflexionar sobre las reformas legales e institucionales necesarias para enfrentar estos desafíos, poniendo especial énfasis en cómo la colaboración entre el Estado y la sociedad civil puede ser catalizadora de cambios profundos. Asimismo, se examinan las experiencias internacionales exitosas en el fortalecimiento institucional, las cuales pueden servir de guía para implementar estrategias adaptadas a la realidad peruana, con el objetivo de construir un Estado más inclusivo, transparente y justo.
